Durante mucho tiempo se ha temido que el dictador Juan Velasco Alvarado fuese el principal modelo del presidente Humala en el ejercicio el poder. Los elogios que ha dispensado frecuentemente a quien él llama “mi general” y no pocos de sus gestos políticos desde que asumió la presidencia hacían pensar así. A la luz de algunos acontecimientos recientes, sin embargo, se diría que el actual mandatario es más bien tributario del pensamiento de Manuel Prado Ugarteche, quien afirmaba que en el Perú hay dos tipos de problemas: los que no tienen solución y los que se solucionan solos, pues esta última es la filosofía que parece haber adoptado con respecto a la suerte del nuevo régimen laboral juvenil o ‘ley pulpín’.
La norma, como se sabe, ha encontrado una ruidosa resistencia en las calles y, como consecuencia, la mayoría de organizaciones políticas presentes en el Congreso ahora exigen su derogación y probablemente acaben por conseguirla. Pero si eso ocurre no será porque no existen argumentos para defenderla, sino porque el gobierno ha sido absolutamente deficitario en esa tarea.
Es verdad que los ministros Ghezzi, Segura y Otárola han hecho esfuerzos por explicar las ventajas que la ley ofrece, y que la primera dama ha intentado respaldarlos, así como que se ha intentado promocionarla a través de encartes y campañas en Facebook y Twitter. Pero es cierto también que el turno del empeño persuasivo era antes de que el régimen en cuestión fuese aprobado y no cuando la pradera ya estaba incendiada y el encanto de oponerse a una iniciativa oficial se había convertido en un fin en sí mismo. La discusión de una ley en el Parlamento, lamentablemente, a veces pasa desapercibida hasta para los propios parlamentarios. Y si la idea salió originalmente del Ejecutivo, tendrían que haber sido sus voceros y representantes los que se comprasen antes que nadie la, digamos, agitación y propaganda del espíritu de la norma. Eso podría haberse materializado, por ejemplo, a través de algo similar a los conocidos ‘Green Papers’ y ‘White Papers’ que se publican en el Reino Unido durante el tiempo de elaboración de una iniciativa gubernamental, invitando a los interesados a participar del proceso.
Lo cierto es que, como decíamos, los argumentos para abogar por la ley existen. ¿Cómo no va a poder defenderse un régimen que hace menos onerosa la contratación formal de un adulto menor de 24 años en un país que tiene uno de los 20 regímenes laborales más rígidos del planeta, o en el que siete de cada diez personas con algún tipo de trabajo se ven en la necesidad de desarrollarlo en la informalidad? Esto, por supuesto, no quiere decir que la ‘ley pulpín’ sea impecable. De hecho hay quienes han observado ya las distorsiones que podría producir en el mercado laboral y la inutilidad de sus pretendidos ‘candados’, habida cuenta de su dependencia de una fiscalización que se anuncia más teórica que efectiva.
Esas debilidades, sin embargo, no deberían ser sino una razón adicional para que el gobierno acceda a discutir nuevamente el asunto dentro y fuera del Congreso y rescate así los beneficios de esta iniciativa. Le corresponde al oficialismo, efectivamente, demostrar que sus ideas son mejores que las de quienes se oponen a la norma por simple voluntad de sintonía con los protestantes o por prejuicio ideológico (dos pruritos que, dicho sea de paso, han encontrado terreno fértil en la propia bancada de Gana Perú). Pero, lejos de eso, la actitud de Palacio consiste en hacer como si el problema no existiera o, según la mencionada doctrina del ex presidente Prado Ugarteche, fuera a resolverse solo.
El presidente Humala, en particular, se limita a pedir el beneficio de la duda para la ley y a denunciar la inconsistencia de aquellos líderes políticos que, como Alan García, promovieron iniciativas similares en su momento. O, en todo caso, a hacer escarnio de la mutabilidad de los legisladores que en un primer momento votaron a favor del nuevo régimen y luego, intimidados por la reacción que desató en las plazas y en las redes sociales, retrocedieron sin empacho. Como si fustigar por sus veleidades populistas a quienes antes identificó con las “cloacas” o los “mamarrachos” fuese a granjearle el apoyo político que precisa.
Y mientras tanto, claro, la ‘ley pulpín’ marcha imperturbable hacia su derogación en la Comisión Permanente o en el pleno, bajo la mirada melancólica de sus empeñosos gestores que, como los siete enanitos cuando contemplaban a Blancanieves con la manzana atragantada, musitan que no ha muerto y solo está dormida.
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