Mientras el gobierno busca promover la participación privada en varias empresas estatales (por ejemplo, abriendo parcialmente al capital privado las empresas eléctricas públicas y creando un esquema para facilitar el ingreso de privados en las empresas de servicios de saneamiento), se espera para este 15 de octubre una movilización nacional de trabajadores de empresas públicas en contra de estas iniciativas, en que también participa la CGTP. La demanda de estos grupos es además reforzar Petro-Perú, Sedapal, Electro-Perú, el Banco de la Nación y Enapu. Así, lamentablemente, algunos trabajadores intentan jalar la soga precisamente en dirección opuesta a la que ha escogido el gobierno.
Decimos lamentablemente porque pretender que el gobierno fortalezca las empresas estatales solo imposibilitaría que los peruanos accedan a mejores servicios públicos. Y es que, si algo han demostrado estas, es ser incapaces de dar un servicio tan bueno como las privadas. Esto se explica, en buena parte, porque, dado que no hay un dueño que tenga su dinero en juego, no tienen incentivos para ofrecer el mejor producto posible con el manejo más eficiente de recursos.
Uno de los casos más ilustrativos es el de Sedapal. Esta no ha logrado brindar una cobertura total en Lima, lo que fuerza a muchísimos limeños a comprar agua de fuentes informales a precios que llegan a ser 12 veces más altos que los de la empresa pública. En cambio, la empresa de agua potable de Santiago de Chile que fue privatizada, tenía hace 11 años el mismo número de conexiones que Sedapal y, sin embargo, para el 2013 ya tenía una cobertura de 100% y 20% más conexiones que la empresa de agua de nuestra capital. No olvidemos tampoco que la ineficiencia de Sedapal llevó a que el Estado (con su dinero y el de todos los contribuyentes) terminase asumiendo una deuda de S/.3 mil millones que la empresa acumuló irresponsablemente con la Sunat.
Por otro lado, los resultados de Sedapal palidecen frente a los de las otras empresas de servicios públicos que sí fueron privatizadas. En el caso de la telefonía y las empresas eléctricas, por ejemplo, en los 12 años que siguieron a su privatización aumentaron sus coberturas en 168% y 56%, respectivamente, todo esto mientras las tarifas bajaban. Mientras tanto, Sedapal aumentaba sus tarifas en 47% y su cobertura solo en 20%.
Sedapal, por otro lado, no es la única empresa de agua que funciona mal. Para el ministro Von Hesse, “14 [de las entidades prestadoras de servicios de saneamiento] presentan problemas de liquidez, 24 tienen problemas de solvencia y una […] está financieramente quebrada”.
La ineficiencia de la empresa estatal de puertos (Enapu) también está bien documentada. Luego de que el Muelle Sur del puerto del Callao fuese concesionado, una inversión de más de US$400 millones permitió que la atención a los barcos disminuyera de cuatro días en promedio a 12 horas, cosa que hubiera sido inimaginable si se hubiese mantenido en manos del gobierno.
Lo que sucede en Petro-Perú, por su parte, también es prueba de los vicios de confiar las actividades empresariales al Estado. Hace poco hicieron noticia los sorprendentes desembolsos para mejorar su alicaída imagen, como gastar US$354 mil en contratar a Paolo Guerrero para su publicidad. Y fue noticia también que varios de sus principales funcionarios se aumentaron los sueldos sin informar a su principal accionista, el Estado. Asimismo, todos hemos sido testigos de cómo la decisión de repotenciar su refinería en Talara (con el aval forzoso de todos los contribuyentes) responde a intereses puramente políticos y no se encuentra sustentada en un análisis técnico.
La historia de las empresas públicas peruanas es una de recurrentes fracasos. Repotenciarlas, como piden algunos de sus trabajadores, podría beneficiarlos a ellos, pues aumentarían transitoriamente su posibilidad de obtener mejores sueldos. Pero el costo lo asumiríamos el resto de ciudadanos, que pagamos las cuentas con el dinero de nuestros tributos y que cargamos con el costo de los pésimos servicios que brindan estas instituciones.
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